Más allá de las paredes de la ESMA

Marianela Ríos (Agencia CTyS - UNLaM) - El flujo de vehículos va y viene sobre una Avenida del Libertador que traza su paso como arteria en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Es el año 1978 y Claudia disfruta de un paseo en auto con su papá. Mira, por la ventana, un cúmulo de edificios bajos, homogéneos y enrejados. Las garitas oscuras, el alambrado y un cartel. La velocidad parece detenerse unos segundos mientras lee “Prohibido estacionar o detenerse, el centinela abrirá fuego". Siente miedo, pero no deja de mirar.

Claudia Feld es investigadora independiente del CONICET e impulsora del Núcleo de Estudios Sobre Memoria que funciona en el Instituto de Desarrollo Económico y Social  (IDES). Desde hace muchos años se dedica a estudiar los procesos memoriales en torno a la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Nunca dejó de mirar. “Una tenía la sensación de que cualquier cosa podía pasar si solamente tocabas la vereda”, recuerda sobre ese episodio, en diálogo con la Agencia CTyS-UNLaM.

¿Qué puede decirse de nuevo sobre la ESMA cuarenta años después de recuperar la democracia? Ese es uno de los interrogantes que marcan el inicio del libro ESMA. Represión y poder en el centro clandestino de detención más emblemático de la última dictadura argentina, que escribió junto a la investigadora Marina Franco y un equipo de trabajo académico que ahondó en dimensiones poco analizadas.

Una de ellas fue la relación entre las personas secuestradas y los represores a partir del llamado “proceso de recuperación”, que llamó la atención de Feld tras una visita muy particular. “Despertó mi interés cuando, en 2004, se recuperó el predio y, un tiempo después, con algunos colegas pudimos entrar y ver el Casino de Oficiales. En ese momento, todos los testimonios que había escuchado cobraron vida, cobraron materialidad. Fue muy conmovedor”, confesó.

Allí comenzó a pensar en la dimensión espacial, en cómo se desarrollaba el cautiverio en la ESMA al detectar que un grupo minoritario de personas secuestradas que no eran asesinadas en un primer momento, luego eran sometidas a un largo cautiverio que podía durar meses o, incluso, años.

 “El proceso de recuperación desde el punto de vista de los represores era quebrar y transformar a sus víctimas para ponerlas a trabajar a su favor. Mientras que, desde el punto de vista de los secuestrados, era la posibilidad de sobrevivir un poco más de tiempo o de tener un trato mejor”, explicó Feld.

A esas personas se les asignaban tareas que podían ser trabajos de mantenimiento y reparación -en unos pocos casos-, otros vinculados con la falsificación de documentos o actividades intelectuales como la traducción de textos, informes de prensa, etc. Según la investigadora, se trató de un proceso de apropiación de los saberes de los secuestrados para un beneficio propio, era “una labor sin remuneración y en condiciones de esclavitud, en la que había constantemente una amenaza de la muerte omnipresente .

Asimismo, para esta minoría, el cautiverio comenzó a incluir una serie de dinámicas efectuadas tanto en otros espacios de ese mismo edificio como a través de salidas fuera de la ESMA, que incluían visitas a familiares, reuniones en una quinta, cenas afuera e, incluso, trabajos en empresas o lugares funcionales al Grupo de Tareas o al propio Emilio Massera, comandante de la Armada y miembro de la Junta Militar.

“Cuando escuchás que los sacaban a comer a un restaurante rodeados de personas o que unas secuestradas fueron llevadas en un auto a marcar gente, vestidas de manera andrajosa e intentaban por la ventanilla pedir auxilio, pero nadie las veía… Ahí la noción de lo invisible cobra relevancia, porque estas cosas sucedían a la vista de todos. Entonces lo invisible no es lo que no se ve, sino lo que no se puede interpretar”, explicó.

Para Feld, esta dimensión represiva que intentaba “quebrar vínculos y subjetividades” se entrelaza con otras dos: la política y la económica. “Es una trama de relaciones donde estas lógicas se ataban de una manera muy singular y donde la noción de cautiverio puede desacoplarse de la noción específica de encierro”, enfatizó.

Moneda corriente

Esta vinculación entre la lógica política del terrorismo de Estado, basada en la “guerra contra la subversión”, y los intereses económicos que emanan de esa propia dimensión es un tema abordado en el libro por Marina Franco y Hernán Confino. En ese sentido, la ESMA cuenta con una particularidad: es el único centro clandestino de detención donde se llevaron a cabo grandes operaciones, como el robo de tierras y el vaciamiento de cuentas bancarias en el exterior.

Los primeros registros de esos hechos delictivos se dieron durante el primer año del gobierno dictatorial y consistían en la rapiña, es decir, el robo de objetos personales, dinero o bienes domésticos de las personas que eran secuestradas por el Grupo de Tareas. Sin embargo, entre octubre de 1976 y enero de 1977, las actividades orientadas al lucro cobraron mayor envergadura y las operaciones ilícitas se volvieron moneda corriente.

“Fue en ese marco que se produjeron la mayoría de las apropiaciones de bienes inmuebles de las víctimas secuestradas y se crearon tres inmobiliarias con sedes fuera de la ESMA, para otorgarle legalidad a esas operaciones y una empresa encargada de refaccionar los inmuebles saqueados. También montaron Chroma S.A, una productora audiovisual, donde además de los secuestrados, trabajaban técnicos de Canal 11”, precisó Hernán Confino, doctor en Historia y becario posdoctoral de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Desde la compra y venta de tierras o la rapiña hasta ir detrás de los 60 millones de dólares de Montoneros, todo tiene en su origen en la dinámica de un ejército contra otro, donde apropiarse de lo que tiene Montoneros es parte de debilitar a ese ejército con el que se creían en guerra. Para ellos, era hacerse del botín del enemigo”, señaló.

Es por eso que, según el historiador, no pueden pensarse estas operaciones como simples mecanismos de mercado desligadas de la trama política. “Son cuestiones económicas que solo tienen sentido dentro de un plan totalmente represivo, aunque luego muchos de esos emprendimientos hayan ganado autonomía e intentado desembarazarse de su origen”, aclaró.

Esa vinculación termina, además, de atar sus lazos con un nombre, el de Emilio Massera. “La realidad era que gran parte de esas apropiaciones económicas iban a sostener el proyecto político de Massera, quien, según los relatos de los detenidos, se paseaba por los pasillos de la ESMA de un modo que ni Videla ni Agosti hacían en un centro clandestino”, destacó.

Para Franco y Confino, el protagonismo de los actores necesarios para llevar adelante estas actividades ilícitas da cuenta de la complicidad civil y empresarial y de la proyección hacia el exterior que tuvo la Escuela de Mecánica de la Armada. “Toda esta trama de vínculos nos muestra que los militares no estaban solos en este proyecto represivo y que mucho ocurría más allá de las paredes de la ESMA”, concluyó.

Los planos de la memoria

En septiembre de 2023, llegó la noticia. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO había aprobado la inclusión del Museo Sitio de Memoria ESMA en la lista del Patrimonio Mundial. El expediente de nominación se había presentado en enero de 2022 y contaba con una descripción minuciosa de la institución y más de 160 adhesiones a la candidatura, realizadas por organizaciones nacionales, regionales e internacionales. 

La conservación es uno de los criterios centrales de selección por lo que el proceso de renovación urbana puesto en marcha a partir de distintas políticas de memoria fue, sin duda, clave para la aprobación por parte del organismo. Esas medidas fueron posibles gracias a la creación del Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos de la ex ESMA, en 2004, tras el desalojo de la Armada dispuesto por decreto presidencial.

Esa reconversión del predio fue ampliamente estudiada por Florencia Larralde Armas, quien también integra el Núcleo de Estudios sobre la Memoria y escribió el libro Ex ESMA. Políticas de memoria en el ex centro clandestino de detención. “Me interesó la dimensión territorial entendiendo al predio como una especie de ciudad de 17 hectáreas, donde cada uno de los 35 edificios que la componen tuvo diferentes usos durante y después de la dictadura y ahora como sitio de memoria”, explicó.

Tras la declaración de sitio de memoria, los edificios fueron cedidos, en su mayoría, a organismos de derechos humanos que, en ese momento, llegaron a un primer consenso: preservar los inmuebles en donde fueron recluidos los detenidos desaparecidos, al considerar que se trataba de lugares testimoniales, mientras que el resto tendrían otros usos como educativos o culturales.

“Esta distinción fue muy importante porque se establecieron criterios como, por ejemplo, que en el Casino de Oficiales, principalmente, que es prueba judicial, solo sea intervenido con estructuras acrílicas de fácil remoción para que se pueda ir a la huella material directa. La idea es que esté recubierto por si en algún momento tienen que ir los sobrevivientes a reconocer alguna marca”, puntualizó la investigadora del CONICET.

Otra medida que se tomó fue la de establecer criterios comunes para mantener la fisonomía e iconografía histórica del predio. El Ente Interjurisdiccional, órgano encargado de la definición y ejecución de las políticas de memoria, decidió mantener la estética integral del lugar por lo que se trató de mantener los mismos colores de la pintura original, que las remodelaciones fueran pequeñas y, principalmente, que se conserven las rejas exteriores para delimitar el predio. “Son históricas y hubo varias veces que intentaron demolerlas”, agregó.

Según Larralde Armas, lo único que sí tuvo quórum para su modificación fue el ordenamiento espacial jerárquico: “Esto fue algo que me comentaron mucho los arquitectos que trabajaron ahí y es que la espacialidad de los edificios tenía una lógica militar donde hacia adelante estaban las jerarquías, en el medio los altos mandos y detrás los espacios de desecho. Por eso, decidieron romper con esa lógica y pensar en una nueva circulación que sea en red, que es una forma de democratización del espacio y su uso”, consideró.

De esta manera, sostiene la Doctora en Ciencias Sociales, convienen en la ex ESMA tres temporalidades: la creación histórica, la dictatorial como centro clandestino y la del espacio de memoria. En ellas reposan las bases de su conservación e importancia. “Los espacios tienen sus propias lógicas de poder y al resignificarlo como sitio de memoria se puede ver cómo es posible crear otra lógica. La historia se reescribe y el pasado siempre está en disputa. La dimensión espacial fue muy importante para la declaración de patrimonio, si esas paredes se hubieran demolido, como quisieron hacer algunos, esto no hubiera sido posible”, concluyó.