Educar para la libertad

Agencia CTyS (Javier D’Alessandro) - Hace 25 años, la Universidad de Buenos Aires (UBA) instaló el Centro Universitario Devoto (CUD) en la ex Unidad Penitenciaria Nº 2 y dio el puntapié inicial de un proceso que replicó en muchas universidades nacionales, como la Universidad de La Plata (UNLP) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Actualmente, 429 internos alumnos cursan 19 carreras de grado en siete universidades nacionales que trabajan en conjunto con el Servicio Penitenciario Federal (SPF), y otros 656 lo hacen en las siete carreras que ofrecen la UNLP y la UNC, en acuerdo con los servicios penitenciarios de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, respectivamente.

Pero estas cifras sólo son ilustrativas. Cada Universidad tiene autonomía para establecer convenios, por lo que no existen registros centralizados a nivel nacional ni en la Secretaría de Políticas Universitarias sobre la cantidad total de estudiantes presos.

En este informe exclusivo, CTyS analiza la información que suministra el SPF, además de algunas casas de altos estudios con programas en la cárcel, y abre la discusión sobre la función de la educación superior en contextos de encierro.

Un desacuerdo común

Todos los que intervienen en este proceso –universidades, servicios penitenciarios, expertos y alumnos- creen que la función de la universidad en la cárcel es educar para la libertad, pero, aunque parezca contradictorio, tienen interpretaciones diferentes de lo que eso significa.

“Agregar conocimiento es agregar libertad”, explica el Prefecto Benito Raúl Paredes Sánchez, Jefe del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza. “Siempre la educación favorece el proceso de resocialización y, en general, mejora a toda persona como ser humano”, expresa.

Paredes Sánchez resume el pensamiento del Servicio Penitenciario en los siguientes términos: se educa para reingresar en la libertad. “Existen estadísticas muy claras de que los egresados de los centros universitarios en las cárceles tienen un menor índice de reincidencia”, justifica el director del penal.

Pero esa no es la única educación para la libertad. Para Juan Pegoraro, abogado, doctor en sociología y uno de los impulsores del CUD, “la educación en la cárcel no tiene nada que ver con la reinserción, la universidad no tiene como función reinsertar, reeducar”.

“No sé si la gente que pasa por el CUD vuelve a cometer delitos, ni me interesa”, detalla el titular de la cátedra de Delito y Sociedad de la UBA y agrega que lo que la educación le ofrece a un interno es “un momento de sentirse que no está preso, de pensar fuera de los muros reales y simbólicos de la cárcel”. Para Pegoraro, en la educación en sí misma está la libertad.

En esta misma línea se pronuncia Olga Silvia Ávila, Vicedecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la UNC, casa que impulsa el Programa Universitario en la Cárcel (PUC).

“La oferta educativa que se realiza a los alumnos presos no se concibe como parte de un tratamiento orientado a su ‘resocialización’ sino como una oportunidad para el ejercicio de un derecho fundamental que los reclusos no pierden, el derecho a la educación”, sintetiza.

Y sin embargo, de todas estas voces falta todavía escuchar la que es, quizá, la más importante, la de los presos, que son en definitiva quienes reciben esta educación. Para ellos la educación es el pasaje a la libertad.

Dentro del régimen penitenciario, los internos tienen ciertos objetivos, entre los cuales está el estudio, que influye en su calificación y en los beneficios a los que puede acceder, entre los que está, por ejemplo, la libertad condicional o las salidas transitorias.

“Muchos estudian para poder cumplir los objetivos; algunos la primaria, otros la secundaria y nosotros la universidad”, cuenta un alumno del centro universitario que funciona en el Complejo Penitenciario Federal I, más conocido como cárcel de Ezeiza.

Para otro de los internos, “si bien hay gente que lo hace únicamente por los objetivos, hay otros que, aunque a lo mejor creían que no estaban capacitados para estudiar, se dan cuenta que no es tan difícil y se ponen a hacerlo”.

“Yo a los 50 años pensé que jamás iba a poder, hace 25 años que no toco un libro y, sin embargo, ya cumplí con todo el CBC. Hay que ponerle un poquito de voluntad, porque no es fácil concentrarse acá adentro, pero no es una cosa para extraterrestres”, reflexiona, y cuenta que fue piloto comercial y ahora estudia abogacía, carrera que seguirá tras cumplir su condena.

UBA XXII y el fantasma del CUD

Hace 25 años, la instalación del CUD daba inicio a UBA XXII, que es en la actualidad uno de los tres proyectos más desarrollados, que corresponden a las tres universidades con mayor antigüedad en el país.

“UBA XXII traslada las estructuras académicas al interior de Unidades Penitenciarias, lo que significa que hay cárceles donde los alumnos presos cursan en iguales condiciones que si lo hicieran en nuestras facultades”, recalca Nair Repollo, Coordinadora del programa en la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas (FCNE) de la UBA.

Actualmente, UBA XXII también tiene un centro universitario en la Unidad Penitenciaria Federal II de Marcos Paz, además del centro del Complejo I de Ezeiza y el CUD, aunque este último es el emblema de la lucha de la universidad por instalarse en un espacio tan extraño a ella como es la cárcel, y su funcionamiento es totalmente distinto al del resto de los programas.

“El CUD es un espacio regido por reglas que están discutidas y elaboradas por los presos, con una muy baja incidencia del SPF. Inclusive la guardia normalmente no ingresa, salvo en situaciones extraordinarias. Hay una conquista de un espacio muy importante”, afirma Marcelo Langieri, el coordinador del CUD en Sociología.

El SPF, por su parte, es receloso de lo que pasa allí dentro, e impidió que CTyS pudiera recorrerlo, alegando “razones de seguridad”, en tanto permitió el acceso al sector de educación del Módulo I del Complejo de Ezeiza, donde funciona el centro universitario.

Una mañana tras las rejas

Ezeiza es, junto con Marcos Paz, la cárcel más importante que el SPF tiene en el área metropolitana de Buenos Aires, con una capacidad de alojamiento para 1740 internos y una planta permanentes de 1055 empleados. Nacida en los ’90 bajo el ala del menemismo, se la presenta como una de las cárceles más modernas de Sudamérica.

En Ezeiza estudian 122 internos, y 36 de ellos lo hacen como regulares en el centro universitario. Cada alumno tiene acceso a la biblioteca del módulo -que tiene casi 20 mil volúmenes, entre literatura ficcional y no-ficcional, revistas, diarios y otras publicaciones- y a un espacio muy similar al de un colegio primario. Allí se encuentras las aulas, con capacidad para unos 30 alumnos y condiciones edilicias de primer nivel, según pudo comprobar CTyS.

“En el momento que llega el docente y que los alumnos están en el aula, la universidad se hace cargo y es como si estuvieran en la UBA. Nosotros utilizamos un mecanismo de control por cualquier inconveniente que se pueda suscitar, pero no tenemos ningún tipo de injerencia sobre la clase”, relata el director de educación del Penal quien señala que se opera en “condiciones muy similares a las del CUD”.

No obstante, para Langieri, en Ezeiza, “la Universidad da clases pero bajo la supervisión directa del SPF, que tiene el fantasma de que no se le cree otro CUD, o sea otro espacio donde pierde un grado de dominio”, y destaca que “la diferencia es cualitativa, y por eso el CUD es la experiencia más importante, porque genera un espacio de libertad, de estudio, de ejercicio de derechos y de ejercitación de ciudadanía”.

Para los alumnos que estudian en Ezeiza, eso también se nota. “La UBA en el sistema carcelario se inició en el CUD. Y el CUD lo manejan los internos. Y acá es una cosa reciente, que estamos tratando de organizar”, expone uno de los internos, bajo la atenta mirada de las autoridades del Servicio.

Efecto contagio

Si bien la UBA fue la primera que incursionó en la cárcel, también tienen acuerdos con el SPF las universidades nacionales de La Pampa, Comahue, La Patagonia (sede Trelew), Formosa, Río Negro y Patagonia Austral, además de las privadas Universidad de Belgrano y Universidad Católica de Salta.

Por su parte, el PUC, de la FFyH de la UNC, ofrece formación desde hace diez años en el establecimiento carcelario del barrio San Martín de la capital provincial, tras dos años de duras negociaciones con el servicio penitenciario local.

Para Olga Ávila, Vicedecana de la Facultad, “el sentido de llevar adelante este programa arraiga en los compromisos que como universidad pública deben asumirse”, mientras que Patricia Mercado, coordinadora del programa, refiere que el PUC “se concibe como una instancia de intermediación entre la universidad y la cárcel”.

“A partir de una herramienta privilegiada como es el conocimiento, la Universidad ingresa la concepción de un sujeto portador de derecho allí donde la cárcel ve solamente un objeto de tratamiento”, enfatiza Mercado.

En el PUC, durante 2009, se ofrecieron cinco carreras para 27 internos de seis unidades penitenciarias de Córdoba. Los estudiantes alojados en cárceles sin sede académica son trasladados hasta la Sede San Martín para participar de las tutorías.

Para Alicia Acín, docente del proyecto, “las tutorías son espacios pedagógicos distintos a una clase convencional, donde los docentes establecen consignas sobre los principales ejes conceptuales de las asignaturas”. La asistencia al PUC es para los profesores una carga anexa a su tarea habitual, con la que la facultad contribuye costeando los gastos de viáticos.

En la Provincia de Buenos Aires la situación es similar. Varias universidades suscribieron acuerdos con el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), entre ellas la UNLP, donde 629 internos de cárceles de toda la provincia cursan Abogacía, Periodismo y Ciencias de la Comunicación, la mayor cantidad de inscriptos en todo el país.

Los alumnos alternan materias de cursada libre con otras de concurrencia obligatoria. En las cátedras libres pueden presentarse internos de cualquier cárcel de la provincia. En agosto pasado, 118 estudiantes rindieron finales en la Facultad de Derecho mientras que 31 lo hicieron en la Facultad de Periodismo y Comunicación.

Las cursadas obligatorias se dictan en la Unidad Nº 9 del Complejo Penitenciario de La Plata. El SPB facilita la asistencia de alumnos alojados en otras unidades del complejo, por lo que 59 internos, hombres y mujeres, pueden cursar regularmente.

En el conurbano bonaerense, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), a través del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES), dicta la carrera de Sociología en el Centro Universitario de San Martín (CUSAM), creado en 2008 en la Unidad Nº 48 del Complejo Penitenciario de esa localidad bonaerense.

Este proyecto tiene una particularidad que lo hace diferente del resto: está destinado no sólo a los presos sino también al personal del servicio penitenciario.

Esa difícil relación

Como es de esperarse, por la lógica contradicción de funciones entre la cárcel y la universidad, la relación entre ambas instituciones es tensa.

Al respecto, la coordinadora del PUC aporta que “las dificultades se sostienen en lógicas de pensamiento y acción diferentes, lo que genera tensiones entre el funcionamiento y el sentido de ambas instituciones, dado que las prácticas de intervención son diferentes y la universidad no entra en la lógica penitenciaria”.

Por su parte, Repollo sostiene que “las trabas más grandes las pone el SPF”. “Que la UBA ingrese a las cárceles molesta y cuando se la puede golpear y dejar mal parada se lo hace”, subraya.

“Ellos son los dueños de las cárceles y lo manifiestan desde que abren una puerta para que podamos entrar. Si bien hay un convenio firmado entre el Rector y el Ministro de Justicia muchas veces ese convenio no fue respetado”, asegura la responsable de UBA XXII en la FCEN.

En este sentido, Juan Pegoraro reconoce que trabajar en conjunto con el SPF “es realmente muy difícil”, y lo atribuye a que “en general, los penitenciarios perciben la formación de los internos como un desafío a su voluntad. Se establece un abismo cultural muy fuerte, y aparecen personas que hablan de cosas que otros no entienden, lo que para ellos es un problema”.

Sin embargo, el reconocido especialista acepta que, a pesar de las dificultades, la vocación de la universidad en la cárcel es “tratar de que los internos se sientan seres humanos, alumnos y partícipes de un proyecto colectivo de reconocimiento personal”.

“Es un desafío, pero en definitiva es tratar de que la vida carcelaria sea más tolerable. Y no quiero hacer ningún romanticismo sobre la cárcel, pero el sufrimiento de estar preso es suficiente como para que la Universidad ofrezca la posibilidad de que personas privadas de su libertad puedan ejercer su derecho a la educación”, concluye.