Analizan la situación de las trabajadoras domésticas y comunitarias en pandemia

(Agencia CTyS-UNLaM) – La pandemia de COVID-19 golpeó severamente a diversos sectores sociales, pero el daño fue mayor para aquellos que trabajan en la informalidad. Según la Organización Mundial del Trabajo (OIT), tal es el caso de tres de cada cuatro trabajadoras domésticas en Argentina, territorio en el que más de 1.300.000 mujeres se dedican a esta labor.

La Socióloga, investigadora de CONICET y docente de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), Carolina Rosas, se dedicó a estudiar junto con otras científicas la situación en la que se encuentran las trabajadoras domésticas en el contexto latinoamericano durante esta crisis sanitaria global, y relevó las diversas respuestas estatales para paliar la crisis del sector.

“Lo que hicimos fue documentar las dificultades que las cuidadoras migrantes y no migrantes padecieron durante la pandemia, y analizar cómo incidieron en ello otros obstáculos legales de larga data”, contó la investigadora en diálogo con la Agencia CTyS-UNLaM.

El cuidado no es “ayuda”
Rosas sostuvo que uno de los mayores obstáculos que enfrentan las trabajadoras domésticas es simbólico: se trata de tareas que, durante mucho tiempo, no fueron reconocidas ni como trabajo ni como cuidado. Ello acarrea importantes consecuencias materiales sobre la vida de estas mujeres.

“Muchas veces se considera que el rol de estas trabajadoras no tiene que ver con el cuidado porque se encargan de mantener los entornos, pero, hoy, claramente, eso se ha cuestionado y lo que tenemos que entender es que esos entornos inciden directamente en nuestras vidas; por tanto, forman parte del mundo de los cuidados”, explicó la investigadora.

Al principio de la cuarentena, diversos sectores pusieron en agenda no solo la importancia de los cuidados sino la desigual distribución de estas tareas al interior de los hogares en función del género.“Esa discusión estaba muy atravesada por lo que sucedía en los sectores medios, y se vinculaba a la sobrecarga de las madres que se tenían que ocupar de las tareas del hogar, de la escolaridad de sus hijos y, al mismo tiempo y en el mismo espacio, de su trabajo remunerado de manera remota”, reflexionó Rosas.

En los sectores empobrecidos, los trabajos de cuidado se despliegan en el entorno comunitario, y son tareas mayoritariamente llevadas adelante de forma gratuita por mujeres que se encargan de atender las contingencias de sus hogares y del barrio en sí mismo.

“Miles de personas pudieron alimentarse durante la cuarentena gracias al trabajo de las mujeres que atendían comedores y merenderos, o sea que a su labor se le debe de forma directa al sostenimiento de la vida”, subrayó Rosas, quien agregó que, muchas veces, esas trabajadoras comunitarias son trabajadoras domésticas que por el contexto perdieron sus empleos y no pueden acceder a otras modalidades de trabajo.

La falta de reconocimiento a la labor de los cuidados se traduce también en las leyes que, no obstante, intentan reparar la informalidad. Por ejemplo, en marzo de 2013, se sancionó el régimen “especial” de contrato de trabajo para el personal doméstico mediante la Ley 26.844, pero esa misma característica “especial” que se le dio al rubro llevó a que esta normativa quedara por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo que cubre a todo el resto de los trabajadores.

Rosas apuntó que, si bien desde la sanción de la Ley la formalización del sector aumentó levemente, la gran mayoría de las trabajadoras domésticas no fue registrada por sus empleadores, y es por esa irregularidad que, en el marco de la pandemia, “muchas trabajadoras fueron fácilmente despedidas, se les redujo el salario o fueron obligadas a seguir trabajando aun cuando la normativa no lo permitía”.

Al problema de la informalidad laboral se suma el de las dificultades de muchas trabajadoras de origen migrante para regularizar su situación migratoria, aspecto que las expone a situaciones de violencia y, también, a no contar con los requisitos o los recursos materiales y tecnológicos para acceder a la protección social estatal.

Por ejemplo, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), otorgado desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para trabajadores desocupados y algunos segmentos de ocupados durante la pandemia, alcanzaba a cubrir al personal doméstico, pero en los hechos se evidenciaron dificultades para la inscripción en este programa, en especial aquellas que habían llegado en los últimos dos años o no habían podido iniciar su trámite migratorio.

No obstante, si bien existen obstáculos, Rosas valoró que, en materia de regulaciones y resortes estatales de protección, Argentina es pionera en la región latinoamericana y, en el contexto pandémico, supo desplegar una batería de intervenciones públicas para paliar los efectos sociales, económicos y sanitarios en los sectores más vulnerables. “Es necesario acompañar todo este marco regulatorio con una fuerte militancia cultural”, concluyó.