Analizan el impacto de la pandemia en 24 partidos del Conurbano bonaerense

Nicolás Camargo Lescano (Agencia CTyS-UNLaM)- Un proyecto multidimensional e interdisciplinario de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) estudia los impactos sociales y económicos de la pandemia en 24 partidos del Conurbano bonaerense. La investigación, que comenzó en julio y se extenderá hasta mediados del 2021, analiza consecuencias y efectos de la COVID-19 en el plano social, económico, político-institucional y de seguridad.

“Una de las principales conclusiones de la primera etapa del trabajo es que, en esta región, la pandemia profundizó tendencias ya presentes. De alguna manera, desnudó problemáticas que existían de larga data y, en muchos casos, las agudizó”, afirmó a la Agencia CTyS-UNLaM el coordinador del equipo de trabajo e investigador de la UNGS, Rodrigo Carmona.

Para la primera etapa de la investigación, se entrevistaron a alrededor de 300 actores sociales, entre referentes barriales, sanitarios, municipales y sindicales, miembros del ámbito de la producción industrial y funcionarios/as, entre otros.

“Esta primera parte del trabajo nos permitió elaborar un informe completo de libre acceso, dividido en ocho documentos, para dar cuenta del diagnóstico inicial. También pudimos elaborar un tablero de control, con mapeo de indicadores sanitarios y problemáticas de vivienda, como hacinamiento crítico”, detalló Carmona. A esta herramienta de análisis geoespacial, se le sumó también una cartografía interactiva que cruza datos de empleo y producción.

El trabajo, financiado por la Agencia I+D+i, integra, además, un proyecto más amplio junto a la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de La Plata y el Centro Científico-Tecnológico NOA Sur (CONICET), además de otros organismos e institutos federales.

Complejidades en el entramado social

Carmona explicó que, para llevar a cabo el análisis, se propusieron cuatro ejes: condiciones de vida y estrategias dentro de los hogares; condiciones de empleo y producción; capacidades político-institucionales de los municipios; y problemáticas de seguridad, de violencia y conflictos.

“Entre lo observado en estos meses, pudimos ver que hubo un claro impacto negativo en el segundo ítem, con la discontinuidad laboral, los bajos ingresos y la dificultad para acceso a alimentos y productos básicos como principales ejes”, señaló el coordinador en función de la información relevada.

Este proceso se vio acompañado, según analizó Carmona, con una fuerte presencia estatal, tanto de políticas municipales como de políticas nacionales. “De acuerdo a las entrevistas, alrededor de un 70 u 80 por ciento de las empresas tomaron el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), y, a su vez, hubo una alta valoración de la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia”, amplió.

En el campo de la producción y empleo, el informe apunta, además, que hubo un “rol preponderante de los representantes sindicales, en los lugares de trabajo, para garantizar el cumplimiento de los protocolos de prevención del COVID-19”.

El documento también señala que “la mayor parte de los empleadores y directivos (en el caso de los hospitales) no se mostraron propensos a la puesta en marcha de dichos protocolos y, en algunos casos, hasta mostraron cierta desidia al momento de brindar los medios necesarios para el normal desarrollo de las correspondientes medidas protectorias”.

En este sentido, Carmona señaló –a partir de los aportes del  equipo del eje laboral- que otra de las problemáticas que quedaron de relieve fue la situación crítica en los sistemas de salud. “Relevamos una alta incidencia del pluriempleo del personal de salud, bajos salarios, precarización laboral, extensas jornadas de trabajo, insumos insuficientes e infraestructuras deterioradas”, enumeró el investigador, y agregó que la situación más crítica “se vive en los hospitales municipales y en las clínicas privadas, las cuales quedan únicamente bajo el control de los colegios profesionales y sin intervención estatal”.

Más allá de la situación crítica descripta en muchos ejes, el investigador del Instituto del Conurbano de la UNGS rescató que la crisis permitió descubrir recursos que, hasta el momento, estaban inutilizados.

“Aparecieron distintas dimensiones que podrían potenciarse. Por ejemplo, en el eje productivo, se puede observar que las empresas pueden aprovechar su capacidad instalada y aprovecharon los recursos del Estado para reconvertir su producción. Es decir, en general fue más defensivo el impacto, pero se puede repensar la dinámica de ciertos actores para mejorar lo existente”, analizó.

En este sentido, el informe ejecutivo remarca que, en el plano institucional, “en pocos municipios, hoy en día, prevalecen esquemas tradicionales de gestión abocados a los servicios públicos esenciales (mantenimiento del espacio urbano, agua, servicios cloacales principalmente)”, al tiempo que señala que “la mayoría ha virado hacia esquemas ampliados, incorporando nuevas funciones en materia de promoción y socioeconomía, cuidado del ambiente, educación y/o salud”.

En relación al eje de inseguridad y violencia, Carmona subrayó – a partir de los aportes de los investigadores en la temática- que, en contexto del aislamiento social, se problematizó el rol asignado a las fuerzas de seguridad en materia de control de la población. “Esto llevó a que se generaran controversias en torno al involucramiento de la policía en tareas de ‘cuidado’ frente a la intensificación de prácticas abusivas y la multiplicación de casos de violencia institucional”, precisó.

El coordinador también alertó que “se agudizó la violencia de género, visibilizando las dificultades persistentes en materia de prevención y de abordaje integral” y que, además, “se evidenciaron las dificultades de articulación de políticas entre distintos niveles de gestión, principalmente el provincial y el municipal en el caso del área metropolitana”.

El rol de las Ciencias Sociales

Para el científico, este tipo de trabajos muestra la relevancia y el enorme aporte de las Ciencias Sociales para intentar dar respuesta de las problemáticas generadas por la pandemia. “La idea del proyecto es que sus conclusiones sirvan de insumo para el desarrollo de políticas públicas, para que, a nivel institucional se pueda articular más y mejor con los actores involucrados”, remarcó Carmona.

La segunda etapa, adelantó Carmona, será más específica, para profundizar en cada una de las dimensiones analizadas. “Nos ayudó el hecho de que ya veníamos trabajando en estas temáticas, eso nos permitió producir tanto en este tiempo. Las siguientes etapas nos permitirán, esperamos, generar una serie de propuestas para articular con los actores sociales e institucionales”, precisó.

Para llevar adelante ese trabajo, se contó con el trabajo de más de 30 investigadores e investigadoras del campo de la Sociología, la Ciencia Política, el Urbanismo y la Economía. La mayoría de los especialistas proviene del Instituto del Conurbano de la UNGS, aunque también se articularon trabajos con el Instituto de Ciencias, de la misma universidad, y otras entidades, como el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED).

“A ellos, también se le suma todo el trabajo de colaboradores y colaboradoras externos, que se especializan en varias temáticas como salud, producción, servicios, seguridad y otros campos. Entre investigadores y colaboradores, constituyen un grupo de más de 40 personas”, concluyó.