Acceso al agua segura, un derecho fuera de agenda

Carolina Vespasiano (Agencia CTyS-UNLaM) – Según el último censo nacional, el acceso al agua potable es un derecho con el que al menos 5.3 millones de argentinos no pueden contar en sus hogares. La situación empeora en las regiones rurales, dónde el recurso se ve diezmado, también, por el cambio de uso de suelos y la falta de respuestas acordes para cada contexto.

De este complejo escenario habla la investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) Paula Juárez, quien participó en la elaboración y presentación colectiva, desde la Fundación Plurales y junto a otras ONGs, del Informe Sombra para el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por su sigla en inglés) y del informe para el relator de Derechos Humanos y Ambiente de Naciones Unidas, en los que detallan, entre otras cuestiones, el panorama argentino en materia de acceso al agua segura y saneamiento, y plantea aquellos aspectos a trabajar para garantizar ese derecho.

“Trabajamos con grupos de mujeres rurales. Mostramos, a través de los ojos y las vivencias de las mujeres, cuál es la situación real de acceso a derechos, y cómo llegan efectivamente -o no- las políticas públicas a los distintos territorios”, explicó a la Agencia CTyS-UNLaM.

Radiografía de la inequidad

Juárez señaló que, en las regiones rurales del país, la falta de acceso al agua y saneamiento son unos de los problemas estructurales más severos por diversos motivos: “El 70 por ciento de nuestro país es árido o semi árido, y la población rural, particularmente las mujeres, son las más afectadas porque son las que generalmente se encargan de la recolección del agua. Esto, sumado a las deforestaciones, el aumento significativo del monocultivo y de distintos tipos de extractivismos agravan un escenario que ya era de por sí complejo”.

El diagnóstico empeora si se contemplan los ya visibles efectos del cambio climático en estas regiones áridas, que generan ciclos más seguidos e intensos de sequía y que, también, vienen de la mano de fuertes inundaciones, cuyas aguas tampoco llegan a ser colectadas por la impermeabilidad de los suelos deforestados.

En el caso de la región del Gran Chaco Argentino, integrado por 13 provincias del norte argentino, el 41 por ciento de los hogares no tiene acceso al agua, por lo que sus habitantes culminan buscando soluciones a la medida de sus posibilidades, o tejen redes comunitarias y regionales para hacer frente a la ausencia de soluciones “a nivel municipal, provincial y nacional”.

“En los últimos 20 años –continuó la investigadora- se pudo observar un nivel cada vez mayor de organización campesina y de movimientos sociales rurales. En la región del Gran Chaco en particular, ese esfuerzo colectivo devino en la construcción de líneas de trabajo y estrategias más transversales, pensando agua, suelo y producción de alimento de forma conjunta y articulada”.

El para qué y para quién, y el cómo
El agua es un derecho humano básico, de ella depende la salud, la alimentación y la vida. En esta línea, Juárez enfatiza la necesidad de una estrategia estatal para garantizarla. Sin embargo, al día de hoy no existe una leyque pueda regular el servicio a nivel nacional: es potestad de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires gestionarla y regularla en su jurisdicción.

Pero para la investigadora, el principal escollo al hablar de acceso al agua y saneamiento es cómo se piensa el problema en primer lugar. “En general, el Estado actúa en la primera fase de las soluciones que ejecuta: la de proveer la tecnología o los materiales, pero luego el control y gestión de dichas soluciones queda fuera de supervisión y apoyo a la gestión”, subrayó.

Además, la especialista agregó que, en algunos casos, grandes obras de infraestructura no terminan cumpliendo su función por falta degestión y de personal técnico, o porque no eran la estrategia más adecuada para el territorio en cuestión.

En esa línea, la investigadora plantea un abordaje sistémico socio-técnico que contemple los problemas técnicos junto a las dinámicas sociopolíticas. Es decir, que no haya soluciones únicas y universales: se debe tener en cuenta el territorio, sus características y actores involucrados, las opciones tecnológicas, y luego diseñar la estrategia más apropiada para cada contexto.

“No se lo puede entender como estrategia a un parche en un momento puntual, sino que se requiere de una visión en términos sistémicos y de procesos continuos y dinámicos: tener una estrategia general desde antes de montar las soluciones y que se pueda apoyar su desarrollo a largo plazo”, concluyó.