Evalúan el estado del Delta del Paraná después de los incendios
A un año de que el fuego comenzara a consumir miles de hectáreas de esta región, investigadores señalan que, si bien las zonas de pastizales han comenzado a reverdecer, los bosques de especies leñosas, los suelos y la fauna autóctona en general todavía padecen las consecuencias de estos incidentes.
(Agencia CTyS-UNLaM) – Durante el 2020, la pandemia de COVID-19 estuvo lejos de ser el único fenómeno crítico en la Argentina. Los incendios en distintos puntos del país provocaron serios daños en ecosistemas ya amenazados; los humedales y bosques del Delta del Paraná, que tuvo 328.995 hectáreas de vegetación alcanzadas por el fuego.
Desde el año pasado, el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que opera desde el Centro de Estudios Territoriales de la Facultad de Ciencias Agrarias, se encarga de reportar el impacto de estos eventos y de monitorear los posibles focos de fuego en 24 puntos de la región a partir del uso de “geotecnologías” como sensores remotos satelitales y aéreos, sistemas de posicionamiento global – GNSS/GPS, y Sistemas de Información Geográfica, entre otras. A partir de estos estudios, encontraron una degradación significativa de las cualidades del suelo.
“El año pasado nos encontramos con una situación muy similar a la de los incendios del 2008, pero con una mayor cantidad de superficies afectadas durante más tiempo, además de que los focos fueron acompañados de un descenso extraordinario del nivel del Paraná”, explicó la investigadora Graciela Klekailo, quien estudia la vegetación desde la cátedra de Ecología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR y que, desde su grupo de investigación, también se acercó a inspeccionar el territorio post incendios.
Entre enero y septiembre del 2020, se quemó cerca del 14 por ciento del Delta del Paraná, un 86 por ciento en territorio de la provincia de Entre Ríos, un ocho por ciento sobre Buenos Aires y un seis por ciento en Santa Fe. De las áreas quemadas, la gran mayoría pertenecían a zonas de actividad ganadera (290.003 hectáreas), unas 173.816 hectáreas correspondían a Áreas Naturales Protegidas y 2.402 hectáreas pertenecían de Bosque Nativo.
En los primeros resultados del estudio, el Observatorio Ambiental de la UNR, daba cuenta de que, en las zonas por donde pasó el fuego, los suelos quedaron compactados y perdieron hasta un 60 por ciento del fósforo almacenado, con lo que su fertilidad disminuyó notablemente.
En esa línea, el informe indicó que el suelo arrasado por el fuego perdió parte de su materia orgánica, uno de los componentes que condiciona el grado de acidez, porosidad, reserva de nutrientes y actividad biológica del terreno, vital para el desarrollo vegetal y para el cumplimiento de su rol de humedal. Con la alta compactación del suelo, la posibilidad de infiltrar y almacenar agua se ve afectada, transformando las condiciones de toda la región.
A su vez, los investigadores informaron que, con la pérdida de vegetación y la quema de hasta 16 toneladas de dióxido de carbono por hectárea, se redujo la capacidad que tienen estos suelos de neutralizar las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global.
El retorno de lo vivo
La doctora Klekailo observó que, si bien a comienzos del 2021, el nivel del río comenzó a subir y a recuperar los pastizales y pajonales de la zona ribereña, este breve periodo de crecida no alcanzó a regenerar la flora de las lagunas internas y los bosques de la región. “Ahora el nivel del río está bajando de nuevo, así que también persiste el temor de que vuelvan a aparecer los focos de incendios, aunque no con tanta intensidad”, expresó.
En esa línea, la investigadora señaló que, luego de las intensas quemas, los ecosistemas reaccionaron de manera diferente: “Hay lugares donde los sauces se perdieron prácticamente por completo, o zonas donde los troncos de los ceibos todavía se ven ennegrecidos. En tanto, para las poblaciones animales que sufrieron los efectos de los incendios, la situación va a ser drástica”.
Medidas que no se aplican
El Delta del Paraná tiene antecedentes históricos de contextos de sequía e incendios intensos, pero los del año 2008 fueron una bisagra. Según la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible (SAyDS), para mayo de ese año, la superficie quemada alcanzó las 206.955 ha, cerca de un 11 por ciento del Delta.
La dimensión de esos eventos llevó a que las provincias afectadas, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, acordaran con Nación la creación, en septiembre de ese año, del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (PIECAS-DP). Se trata de un mecanismo que permite articular entre los diversos actores involucrados y unificar metodologías y criterios de gestión de los humedales.
Sin embargo, Klekailo advierte que, antes de que se desaten los incendios del 2020, el plan ya se encontraba inactivo desde hacía tiempo, y eso contribuyó a que las acciones gubernamentales se tomaran de forma fragmentada.
“Los incendios del 2020 mostraron esa falencia en la aplicación del PIECAS con muchísima fuerza porque, en realidad, vimos que las jurisdicciones se tiraban la pelota y que argumentaban falta de recursos o de incidencia sobre el territorio para hacerle frente al fuego. Costó muchísimos que se pongan todos de acuerdo”, señaló la investigadora.
Por otro lado, valoró que una de las mayores diferencias con la situación del 2008 tiene que ver con la conciencia ambiental de la población en general: “La multisectorial de Humedales surgió en ese contexto y empezó no solo a reclamar acciones del Estado, como la sanción de una ley de humedales, sino a realizar actividades de concientización, de educación ambiental, marchas y manifestaciones”.
No obstante, la experta hizo hincapié en que se profundice el debate sobre el ordenamiento ambiental de la región del Delta, se generen consensos sobre las actividades productivas que se pueden o no realizar ahí y de qué manera ejecutarlas. De esta manera, se logra que los distintos actores sociales protejan y utilicen estos ecosistemas de forma sostenible.
“Lo que hace falta es diálogo, y eso está garantizado en el PIECAS. Es necesario que se aplique ese acuerdo con más eficacia, porque tiene las herramientas para lograr la gestión interjurisdiccional. Si pudiéramos sentar a todos los actores que están involucrados en el uso de los recursos del Paraná, sin dudas podríamos tener un mejor manejo de todo este tipo de situaciones”, concluyó la investigadora.
