Investigadores destacan la importancia de cuidar la calidad química de las aguas subterráneas

Magalí de Diego (Agencia CTyS-UNLaM) – Sólo el 3 por ciento del agua dulce y fluida de nuestro planeta se encuentra en ríos y lagos. El 97 por ciento restante (unos 1.230 km3 de agua) se encuentran en el subsuelo. En la provincia de Buenos Aires, el agua subterránea es la principal fuente de consumo humano y animal, así como de riego y para la realización de actividades industriales. “Cuidar este recurso es una responsabilidad y un deber de todos”, aseveró la doctora María Emilia Zabala, geóloga de la Universidad Nacional de Córdoba e Investigadora del CONICET, con lugar de trabajo en el IHLLA.

A raíz de la creciente contaminación, muchos países han incorporado en sus legislaciones programas para establecer lo que se conoce como el Fondo Químico Natural (FQN), que es el rango de concentraciones químicas que uno podría encontrar en aguas subterráneas si no hubiese actividad humana que cambiase su composición. Esta es una gran herramienta para proteger a los acuíferos o remediarlos a tiempo si se producen daños por actividades humanas. Sin embargo, en Argentina, no existe normativa que expresamente obligue a establecerlo.

Un equipo de investigadores del CONICET en el Instituto de Hidrología de Llanuras “Dr. Eduardo Jorge Usunoff” (IHLLA) y de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), plantea la necesidad de establecer líneas de base para prevenir, cuantificar y/o recomponer estos daños ambientales. “Funciona como una señal de alarma porque con el cálculo del FQN se establecen los rangos naturales de la composición química del agua y, si los valores de los muestreo del control detectan cambios en esa composición, rápidamente hay que actuar para que el agua del acuífero no sea contaminada”, señaló la investigadora en diálogo con la Agencia CTyS-UNLaM.

Los acuíferos son formaciones geológicas muy extensas que almacenan el agua de lluvia que se filtra por la tierra. “Vivimos en una región húmeda donde las precipitaciones son abundantes y, luego de cada lluvia, parte de la misma puede evaporarse, encharcarse, alimentar cursos de agua, ser absorbida por las raíces o descender hasta el acuífero. Allí, el agua se mueve y reacciona con los minerales presentes en las rocas o sedimentos”, detalló la geóloga.

“Conocer qué procesos naturales originan la composición química del agua del acuífero y cómo los efluentes líquidos o sólidos que se producen por las actividades humanas lo modifican, resulta fundamental para la gestión, planificación y remediación del recurso hídrico. Si los efluentes no se tratan o no se disponen en los lugares apropiados, pueden impactar, cambiar y deteriorar la composición química del agua, pudiendo restringir su uso”, explicó Zabala quién también es docente de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN.

Según la palabra de los investigadores, establecer estas líneas de base “es una obligación tácita a cargo de las autoridades que deben contar con información de base científica para la toma de decisiones”. Para ello, se requiere de un relevamiento inicial y un monitoreo constante para que sea realmente útil al momento de tomar decisiones vinculadas a la gestión sostenible del agua y de su interacción con el resto de los componentes del ecosistema.

“Necesitamos instalar redes de monitoreo que nos permitan conocer la composición química del agua subterránea y su variación en el espacio y en el tiempo. Esto implica la instalación de pozos que, desde lugares estratégicos, permitan muestrear el acuífero. Es muy importante definir, con criterios hidrológicos y ambientales, dónde muestrear, qué muestrear y cuándo”, planteó el doctor Sebastián Dietrich, geólogo de la Universidad de Buenos Aires e Investigador del CONICET, con lugar de trabajo en el IHLLA.

“La manera de hacer estos controles es mediante perforaciones que penetren en los acuíferos. “Estas perforaciones, también llamadas freatímetros o piezómetros, se muestrean regularmente por hidrogeólogos y se analizan químicamente para realizar el seguimiento de la composición de sus aguas”, explicó Dietrich.

De la teoría a la práctica

Un ejemplo práctico de la utilidad de su implementación se encuentra en el emblemático caso judicial de la Corte Suprema de Justicia Nacional que trata de dar solución a la contaminación -como daño ambiental colectivo- de la cuenca Matanza-Riachuelo. “Este proceso dio origen a que las jurisdicciones demandadas crearán la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) que es la encargada de elaborar, implementar y ejecutar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) a fin de recomponer el ambiente de dicho espacio geográfico”, explicó la doctora Paula Noseda, investigadora y docente en la Facultad de Derecho de la UNICEN.

“El PISA -continuó la especialista en derecho ambiental- consiste en la implementación de sistemas vinculados a las distintas formas de contaminación: obra pública cloacal de toda la región, asepsia de basurales, saneamiento de la actividad industrial y limpieza del fondo del río, entre otras medidas para recomponer el ambiente y de este modo mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca”.

Cuando la Corte Suprema exigió a ACUMAR que establezca indicadores para medir el grado de cumplimiento de lo planteado en la sentencia de 2008, se tuvieron que establecer las líneas de base que permitían comparar esos datos con los obtenidos en los muestreos anuales. “Contar con estos sería necesario en cualquier espacio geográfico que prevea su desarrollo sostenible a través de información científica disponible y actualizada”, subrayó Noseda, quien trabajó en este proyecto con Francesca Ciuffardi, becaria de la Facultad de Derecho de la UNICEN.