Científicos argentinos se suman a la lucha por la liberación de las patentes de vacunas contra la COVID-19

(Agencia CTyS-UNLaM) – Cuando algunas de las muchas vacunas en carrera contra la COVID-19 comenzaron a dar pruebas de eficacia y seguridad en sus ensayos clínicos, un halo de esperanza recorrió los rincones del mundo: parecía que la pandemia empezaba a encontrar su fin. Sin embargo, pronto se demostró que esto estaba lejos de suceder para la inmensa mayoría de los países, que en muchos casos no podrán aplicar siquiera una dosis este año.

Las vacunas se distribuyen de manera desigual: según la ONU, tan solo 10 países acaparan el 75 por ciento de las dosis disponibles, con lo que, a la escasa capacidad de producción, se suma la inequidad en el suministro.

Por este motivo, en octubre pasado, India y Sudáfrica elevaron un pedido a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para suspender momentáneamente las patentes de las vacunas y que cualquier fabricante con los recursos necesarios pueda producirlas. Así, se podría acelerar el abastecimiento y garantizar el acceso, lo que redundaría en reducir la mortalidad por los casos más graves de COVID-19.

“Muchas de las dosis que se están produciendo en este conjunto ya fueron reservadas para los países más ricos. Frente a eso, la propuesta de India y Sudáfrica permitiría no solo contar con más vacunas sino que se puedan distribuir equitativamente”, dijo a Radio Universidad FM 89.1 la investigadora de CONICET María Belén Herrero, una de las impulsoras de la campaña para liberar las patentes de la Corriente de Ciencia, Tecnología y Universidad Liberación.

La doctora en Ciencias Sociales explicó que las patentes les permiten a las grandes farmacéuticas no solo mantener la producción exclusiva de sus formulaciones vacunales, sino comercializarlas bajo sus propios criterios, lo que habilita la generación de monopolios y una fijación de precios poco transparente.

Por otro lado, señaló que, hasta el momento, la adquisición de dosis dependió de negociaciones bilaterales entre los Estados y las empresas, con lo que la posibilidad de acceder tempranamente a las vacunas dependió de la capacidad de negociación de cada país y de sus recursos disponibles. Este escenario llevó a que África y América Latina sean los continentes con mayores dificultades para adquirir este bien público.

Según Herrero, las farmacéuticas suelen esgrimir que las patentes son necesarias para recuperar el capital invertido y reducir el riesgo que suponen tales desarrollos. Sin embargo, esos argumentos se contradicen con lo que ocurrió en la mayoría de los laboratorios: “La particularidad que tiene el contexto, además del hecho de que estamos transitando una emergencia sanitaria mundial, es que se estima que casi tres cuartas partes de los recursos utilizados fueron fondos públicos”, apuntó la experta.

Hasta el momento, son cientos las organizaciones que decidieron darle visibilidad a la propuesta de suspensión del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y ya son más de 100 países los que dieron su apoyo a esta iniciativa.

No obstante, para que la suspensión cobre vigor, las dos terceras partes de los miembros tienen que votar la medida ante la OMC, y el consenso se encuentra bloqueado por países como Japón, Estados Unidos y la Unión Europea. De ahí que la consigna “liberen las patentes” busca ejercer presión para llegar pronto a ese consenso necesario.

Por último, Herrero subrayó que el hecho de apoyar esta iniciativa, que tiene como antecedente la explosión de casos de VIH SIDA y el desigual acceso a los antiretrovirales, permitiría evitar la generación de contratos poco transparentes entre las empresas y los países.

Pero, lo más importante, es que se trata de una emergencia de salud pública global que, cada día, se cobra la vida de miles de personas alrededor del globo, y de la que solo se puede salir si un porcentaje de la población más susceptible a desarrollar casos graves se inmuniza. “La salud es un derecho y las vacunas tienen que ser un bien público para garantizar un acceso equitativo”, concluyó la investigadora.