Agua que no has de tener

Nicolás Camargo Lescano y Carolina Vespasiano (Agencia CTyS-UNLaM)- La pregunta, simple en apariencia, parece esconder un sinfín de complejidades. Si para los especialistas y organizaciones internacionales el agua debe ser considerada un Derecho Humano esencial, ¿qué sucede en la práctica cuando ese derecho no se materializa?

“La escasez de agua potable es mucho más que un problema político o económico: es un problema ambiental, sociológico, jurídico, de ingeniería hidráulica…Es totalmente multidisciplinario. Decir que solo es un tema económico hace que el problema se desjerarquice y deteriore”, alerta Aníbal Faccendini, director de la Cátedra Libre del Agua, de la Universidad Nacional de Rosario.

El escenario crítico propuesto por Faccendini, quien asegura que la falta de agua “viene a denunciar la profunda injusticia social que hay en el mundo” se pone en evidencia a nivel local a partir de las estadísticas.

Según el Censo Nacional de 2010, últimos datos oficiales disponibles, alrededor de 7 millones de personas en el país no accede al agua potable, mientras que 20 millones de personas no cuentan con un servicio de cloacas.

Para los especialistas, las soluciones deben partir del Estado. “Para revertir esa grave situación es necesario tomar medidas desde la educación, la planificación, la prevención, el tratamiento y la gestión”, propone Claudia Mazzeo, Magíster en Gestión del Agua, en tanto que Faccendini agrega que cada una de estas etapas “debe estar incluido en el presupuesto público del Estado, y no llegar a tarifar el agua porque  el agua, en manos del mercado, se seca”.

Un derecho humano que no llega a todos por igual
Fueron varias las oportunidades en que organismos internacionales se manifestaron a favor del agua como un derecho humano. La Asamblea de Naciones Unidas declaró el Derecho al Agua Potable y al Saneamiento como un Derecho Humano esencial en 2010. Además, exhortó a todos los Estados y Organizaciones Internacionales a proporcionar recursos financieros y formación técnica para lograr ese objetivo.

En el plano local, existe un consenso entre todas las provincias argentinas, plasmado en 2003 en los Principios Rectores de la Política Hídrica de que tanto el agua como el saneamiento son derechos humanos básicos. Se trata de que tanto las personas, como los ecosistemas en general, dispongan de agua de calidad y en cantidad necesarias para satisfacer sus necesidades diarias.

En esta línea, Mazzeo asegura que tanto los estados provinciales como la Nación “deben garantizar políticas de gestión de los recursos hídricos y la disponibilidad de recursos financieros permanentes para mejorar y aumentar las coberturas de agua potable y saneamiento para la totalidad de la población urbana y rural”.

El problema parece estar en que estas políticas públicas difieren de acuerdo a la región en cuestión. El informe “Agua y Saneamiento: un objetivo de desarrollo del milenio” de Emilio Lentini y Federica Brenner -docentes e investigadores del Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua de la UBA- evidencia la gran disparidad en la cobertura entre las provincias. El trabajo está basado en datos del Censo de 2010.

Así, mientras algunas provincias –como la ciudad de Buenos Aires, Chubut, Jujuy, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego- superan el 95 por ciento de cobertura de agua, otras cinco no llegan el 80 por ciento, como en los casos de Buenos Aires, Chaco, Formosa, Misiones y Santiago del Estero. El caso más alarmante de las provincias mencionadas es el de Buenos Aires, donde alrededor de cuatro millones de personas no cuentan con acceso al agua potable.

En cuanto a los servicios de cloacas, la desigualdad se profundiza aún más. El informe de Lentini y Brenner –siempre con datos del Censo 2010- expone que así como las provincias patagónicas o la Ciudad de Buenos Aires presentan coberturas superiores al 80 por ciento, en regiones como Misiones, Santiago del Estero, Chaco, San Juan y Formosa no alcanzan el 30 por ciento.

En números, estos porcentajes se traducen, por ejemplo, que en Misiones la cantidad de población sin cloacas es alrededor de 900 mil personas; en Santiago del Estero, la cifra alcanza los 700 mil habitantes y, en Chaco, trepa a 790 mil.

En este sentido, el informe señala que los hogares de menores ingresos son los que en mayor proporción carecen de los servicios de agua potable y saneamiento. En consecuencia, se ven perjudicados por estas externalidades negativas y retroalimentando lo que se conoce como “círculo vicioso de la pobreza”.

Faccendini, por su parte, recomienda que el Estado examine y analice cada situación en particular para ofrecer las mejores soluciones. “Si voy a garantizar el agua a los pueblos wichis del Norte –ejemplifica-, debo consultar cuál es su cultura respecto al agua. Si en un determinado barrio hay poblaciones mayoritarias de niños o jóvenes se usará una estrategia, si en cambio son pueblos afectados por el arsénico u otros contaminantes deberán ser otras”.

Las consecuencias de no seguir este camino, alerta el académico, es que se realizan “políticas públicas precarias y espasmódicas que no den cuenta de una problemática que es muy compleja y muy diversa”.

Faltan monitoreos y controles continuos
A la falta de políticas públicas específicas para cada problema, los expertos demandan con urgencia niveles guía para estimar la calidad de agua, tanto para consumo como para la agroindustria.

“Cuando uno realiza estudios ambientales, siempre debe tener una medida de comparación- explica Damián Marino, doctor en Ciencias Exactas e investigador de la Universidad Nacional de La Plata-. El problema es que falta niveles guía en lo referente a la calidad del agua. Se suelen tomar valores referencias del exterior, como Canadá o Europa, pero basados en especies biológicas y en cuerpos y calidad de aguas que no son las nuestras”, alerta.

A este contexto también advierte que “en el Código Alimentario el capítulo sobre Aguas está totalmente viejo y denigrado porque las últimas actualizaciones son de 2003, basadas en información que se tomó en el 2000 o incluso en el 1998 y no ha sido actualizado lo que es una gran deuda pendiente como política pública”.

Por esta razón, explica Marino, muchas cooperativas de agua o empresas potabilizadoras cumplen con la ley, porque respetan el Código Alimentario, pero al estar desactualizado no incluye distintos tipos de plaguicidas que hace años que la ciencia declaró que son tóxicos incluso en bajas cantidades.

“Son necesarios controles continuos tanto de plaguicidas como de contaminantes emergentes –especifica el especialista-. En otros países del mundo ya se está discutiendo hace rato y Argentina no lo está haciendo. Muchos psicofármacos, por ejemplo, están pensados para ser hidrosolubles, por lo que tienen muy buena solubilidad en agua. Lo mismo con los antibióticos, los anticonceptivos…esas sustancias están presentes en el agua y se movilizan grandes distancias”.

Faccendini, además, agrega al escenario la variable económica. “Hay un proceso de mercantilización de la problemática del agua, habida cuenta de que es un negocio para muchos, principalmente para empresas multinacionales. El agua debe ser un derecho humano, no una mercancía”, denuncia.

Para el catedrático de la UNR, “si establecemos que el agua es un derecho humano, aceptado por el Estado, no es posible que haya facturas con respecto a esto, o que una persona tenga corte de suministro por falta de pago”, critica.

El informe de Lentini y Brenner, por su parte, aconseja ejecutar un proceso de inversión de gran dimensión durante un período prolongado, que requiere una importante masa de recursos financieros. Entre ellos, políticas públicas estables y sostenibles que otorguen prioridad a las asignaciones presupuestarias dirigidas al sector y que progresivamente fortalezcan el marco institucional.

En sus conclusiones finales, además, el trabajo recomienda atender los aspectos de eficiencia, equidad y control, lo que supone, entre otras cuestiones, desarrollar programas de control de pérdidas en las redes, implementar mecanismos de subsidios eficaces para garantizar el acceso y consumo a toda la población de bajos recursos y vulnerables, promover la participación ciudadana y de las autoridades locales y fortalecer las funciones de planificación, regulación y control de la prestación.