Glaciares, modelos científicos y comunidades

Maristella Svampa* (especial para Agencia CTyS-UNLaM) - No muchos lo saben pero durante todos estos años seguí de muy cerca el derrotero de la Ley Nacional de Protección de Glaciares, sancionada por el Congreso en 2010 luego del veto presidencial en el 2008. También escribí sobre el tema, sea en artículos periodísticos como en varias publicaciones académicas y libros. Participamos de las audiencias públicas en favor de su sanción, desde el Congreso Nacional, junto con asambleas contra la megaminería, ongs ambientalistas, expertos y académicos varios. Incluso elaboramos material para la discusión, que distribuimos entre diversos parlamentarios. No éramos muchos en aquel debate, ocurrido en la misma época se estaba discutiendo la Ley de matrimonio Igualitario, donde estaban puestos todos los reflectores. Personalmente considero que fue un enorme aprendizaje colectivo, tanto de tipo interdisciplinario como por el diálogo entablado con las comunidades afectadas. La Ley de Glaciares fue la primera y única a nivel nacional que apunta a colocar un límite a las actividades extractivas (petróleo y minería). Como es sabido, la implementación de la ley encontró notorios obstáculos, ya que fue judicializada desde el principio por el lobby minero, principalmente operado desde San Juan. Pero también otro obstáculo estuvo ligado al inventario de la ley de glaciares, a cargo del IANIGLIA, el cual no se hizo ni en tiempo ni en forma.

En esa línea, el reciente fallo del Juez Federal Sebastián Casanello constituye un avance importante, pues vincula los derrames producidos en la mina Veladero, responsabilidad de la empresa Barrick, con la violación de la ley de glaciares. Establece que si la ley se hubiese aplicado, al encontrarse Veladero en ambiente periglaciar, dichos derrames no se hubieran producido. En esa línea, el procesamiento a tres Secretarios Nacionales de Ambiente –de la gestión anterior- por violación de la ley es inédito: jamás las máximas autoridades ambientales habían sido procesados judicialmente por el incumplimiento de una ley ambiental. El procesamiento incluye también al entonces funcionario responsable del inventario por el IANIGLIA, Dr Ricardo Villalba, quien claramente se apartó de la definición que la Ley de Glaciares establece sobre glaciares y ambiente periglaciar, pretendiendo colocarse por encima de la misma, al imponer una definición más restrictiva (que en el debate parlamentario y posterior sanción de la ley había sido claramente descartada), lo cual produjo como consecuencia dejar afuera “zonas prioritarias” como la de Veladero, que quedaron mayormente desprotegidas.

Muchos de los colegas que se oponen de buena fe al procesamiento de Villalba, desconocen el debate de fondo que hay -y hubo- detrás de la Ley de Glaciares. Nuestra Ley no sólo es la primera en el mundo en su género, también fue una ley muy disputada. La presencia del lobby minero, tanto en la prensa como en el Congreso, representada por la cámara empresarial minera, gobernadores y funcionarios nacionales, fue no sólo constante sino también muy agresiva.
En razón de ello, habría que poner más cuidado antes de apelar a la solidaridad automática y corporativa en favor de Ricardo Villalba. Entiendo que muchos colegas piensan que su procesamiento “es un agravio a la ciencia”, pero se equivocan. Probablemente gran parte de los que apoyan a Villalba no conocen la ley ni la discusión que hubo en torno a ella. La definición que Villalba adoptó para su inventario de glaciares y periglaciares está en sintonía con el proyecto de ley que originariamente presentó Daniel Filmus, siendo senador nacional, en 2010 y que era más permisiva para con las actividades extractivas.

Del otro lado, les recuerdo, estaba el proyecto Bonnasso –que retomaba literalmente el de Martha Maffei, autora originaria de la ley, que fuera vetada por CFK en 2008-, un proyecto más protector en cuanto a glaciares y periglaciares y que ponía el acento en realizar el inventario en las “zonas prioritarias” donde estaban funcionando proyectos mineros, entre ellos, Veladero, en manos de Barrick. El caso es que antes de que la ley se tratara en la Cámara de Diputados, Filmus bajó las banderas y decidió llamar a Bonasso, para consensuar un proyecto en común, que a la sazón sería el proyecto Maffei-Bonasso, más protector, que de implementarse conllevaba la prohibición de una serie de proyectos mineros en marcha. Esa última fue la ley aprobada.

Sin embargo, Villalba no tomó como referencia la definición que aportaba ley aprobada sobre glaciares y ambiente periglaciar, ni tampoco respetó los tiempos que ésta ordenaba (aun teniendo en cuenta que ya en 2012 la Corte Suprema de Justicia levantó la cautelar que pesaba sobre su aplicación). Villalba dice haber apelado a los “estándares internacionales”, como si la ciencia no fuera una construcción social y dinámica. Impuso, por ende, una definición rígida, inventariando solo los glaciares de 1 hectárea, sin tener en cuenta, por ejemplo, que si se trata de inventariar una zona árida o desértica, como San Juan, La Rioja o Neuquén, los pequeños glaciares tienen un rol fundamental como reguladores hídricos. En su inventario estos pequeños cuerpos de hielo quedaban afuera, beneficiando, para el caso de San Juan, a Barrick. Lo mismo ocurre con la definición de periglacial ya que el IANIGLA lo redujo, contrariamente a la ley y a los expresos debates parlamentarios sobre ese punto, solamente a los denominados "glaciares de escombros". Asimismo, la ley dice expresamente que había que comenzar por las zonas prioritarias, pero el caso es que Villalba se negó a culminar el inventario por donde había proyectos mineros en funcionamiento como Veladero, pese a las suplicas reiteradas de la asamblea del pueblo de Jachal en San Juan.

El lugar que tienen los aspectos éticos y los discursos de la sociedad civil en el sector científico son cada vez más importantes. Las comunidades afectadas no sólo tienen derecho a opinar, sino a participar de las decisiones en cuestiones sociales y ambientales caracterizadas por la incertidumbre, por los impactos y riesgos que generan ciertas actividades -industriales y extractivas-, sobre el ambiente, el territorio, la salud y la vida. Este proceso de democratización de las decisiones aparece como un reclamo central de las comunidades en el marco de la expansión de megaproyectos extractivos. La comunidad científico-académica debe hacerse eco de esos reclamos, entrar en diálogo y no considerarlos como si éstos fueran producto de la superstición o la ignorancia. Es necesario pensar a la ciencia como una construcción social dinámica y crítica, desde un lugar ético, independiente de los grandes poderes, sean económicos, políticos o religiosos.

Debemos avanzar hacia un concepto más amplio, en términos de “ciencia post-normal”, como el que proponen Fontowicz y de Marchi, que consideran que los retos que afronta la ciencia en la búsqueda de la sustentabilidad no son solamente de tipo técnico sino de tipo moral y de procedimiento en la definición del rol del conocimiento científico. La complejidad, la incertidumbre de la sociedad actual, requieren otro tipo de reflexividad científica, más ligado a una complementaridad entre saber científico y las necesidades de las comunidades. El gran desafío es entablar un doble horizonte dialógico, tanto hacia adentro de las ciencias -la construcción de un saber interdisciplinario- como hacia afuera, con las comunidades afectadas. En esta línea, en mi opinión, y sin desmerecer las cualidades profesionales de Villalba, creo que su posición refleja una visión muy tradicional y elitista de la ciencia, no acorde a la complejidad y reflexividad que exigen los tiempos presentes.

Siempre habrá conflictos y tensiones. Esto no significa que los damnificados tengan que prescindir del apoyo del sector científico-académico. De ninguna manera. La lucha ambiental es una lucha argumentativa, ciertamente, que se inserta en una relación de poder fuertemente asimétrica. Nunca hay que olvidarse de este punto. En esa línea, los damnificados tienen que nutrirse del saber experto independiente, de aquellos que utilizan las herramientas de la ciencia para hacer, como diría Boaventura de Sousa Santo, "un uso contrahegemónico del saber hegemónico”.

Por otro lado, me hubiese encantado que científicos como Roberto Salvarezza -ex presidente del Conicet durante el kirchnerismo -actualmente diputado nacional por Unidad ciudadana- que hoy apoyan a Villalba, hubiese salido a defender a Andrés Carrasco, en 2009, cuando este fue denostado y perseguido por sectores que iban desde Monsanto al Inta, por haber dado a conocer un trabajo científico que ponía en evidencia los impactos del glifosato en la salud humana… Más aún, según el reconocido periodista Darío Aranda, Salvarezza fue uno de los directivos que boicoteó a Carrasco y apoyó una evaluación insólita que denegó su promoción como investigador superior del Conicet.

En fin, lo sucedido pone de manifiesto un problema no resuelto que atraviesa a un sector de la comunidad académico-científica, que se considera “crítico”. Nos la hemos pasado años hablando de que hay que construir un saber interdisciplinario y en dialogo con las comunidades afectadas y a la primera de cambio cerramos filas en pos de la defensa de un "saber experto" y tratamos con desprecio a las comunidades, diciendo que no saben, tal como lo hacen los sectores de poder. Como comunidad académico-científica tenemos que indagar en nuestros propios prejuicios y resistirnos a la tentación del cierre corporativo. Ni el saber científico crítico puede ignorar orondamente el saber social y experiencial que se construye desde las comunidades afectadas, ni éstas pueden terminar esgrimiendo prejuicios antiacadémicos, que los lleven a prescindir de él. No dudo de que hay que retomar el diálogo; confío en que la lucha común se encargue de restablecer prontamente los puentes, y restañar así las heridas.

* Dra en sociología, escritora e investigadora principal del Conicet. Premio Konex de Platino en Sociología 2016.